Por Marino González, 14/12/2012
El próximo gobierno de la Unidad Nacional tendrá
entre sus prioridades garantizar la plena vigencia de Estado Federal
Descentralizado. El actual gobierno desvirtuó en la práctica todo el esfuerzo
institucional de la última década del siglo XX. Las luchas que condujeron a la
elección directa de gobernadores y alcaldes promovieron una institucionalidad
más cercana a los problemas de la gente. Y es por ello que hubo un amplio
consenso para que la Constitución de 1999 incorporara la forma federal
descentralizada para la organización del Estado.
Desde 1999 hasta la fecha el Estado Federal
Descentralizado ha sido prácticamente aniquilado por el actual gobierno. Las
instituciones que le dan especial concreción, como el Consejo Federal de
Gobierno, fueron reglamentadas como apéndices de la Presidencia de la
República, contraviniendo totalmente la división de responsabilidades de los
distintos niveles de gobierno y las pautas de coordinación. Las competencias de
los Estados fueron reabsorbidas por el gobierno central cercenando el proceso
institucional que se había desarrollado en la década anterior. Los recursos de
los gobiernos de estados y municipios han sido restringidos al establecer el
precio del barril de petróleo muy por debajo del precio de venta en el mercado
internacional, con lo cual la norma constitucional sobre el situado
prácticamente es letra muerta.
Mientras todo esto ha pasado, el gobierno ha
promovido nuevas formas de participación que ya estaban incluidas en la
Constitución de 1999. Es lo que se conoce como la organización comunal. Pero la
participación comunitaria no es un invento del actual gobierno. Ha sido
práctica desarrollada en las últimas cuatro décadas. Muchos de los logros de la
organización vecinal, de los municipios y en la elección de gobiernos locales,
ha sido el fruto de ese esfuerzo.
Lo que ha hecho el gobierno es aprovecharse de las
aspiraciones de participación de los venezolanos. Y para ello ha utilizado la
dependencia en la asignación de los recursos. Recordemos que los Consejos
Comunales son prácticamente una instancia de la Presidencia de la República. Y
además se ha creado un ministerio, un servicio autónomo, una fundación. Todos
ellos relacionados con la organización comunal. De acuerdo con cifras
oficiales, en el país existen casi 30.000 Consejos Comunales, 637 Salas de
Batalla Social, y se ha apoyado a más de 10.000 organizaciones populares.
A pesar de que todo este entramado está basado en
la noción de control de la sociedad, y de estimular la dependencia del Estado,
no cabe duda de que en la organización comunal los vecinos encuentran opciones
para solucionar sus problemas cotidianos. El próximo gobierno de la Unidad
Nacional será hábil para interpretar estas exigencias ciudadanas y promover en
ellas las mejores prácticas democráticas.
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